15 de agosto de 2021

Duque no descarta el estado de conmoción interior debido a la situación del país

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El presidente Iván Duque informó en la mañana de este miércoles que no descartará decretar el estado de conmoción interior. Esto con el fin de dar finalidad a la situación de orden público que atraviesa el país.

“Uno como jefe de Estado no puede renunciar a ninguna de las herramientas que le dan la Constitución y la ley. La Ley 137 del 94, que es la que reglamenta el estado de conmoción interior, tiene herramientas taxativas que se pueden emplear y están orientadas a que se empleen, únicamente si los mecanismos ordinarios no funcionan. Han sido usadas en muy pocas ocasiones. A la pregunta si se renuncia a esta herramienta, ni a esa ni a ninguna otra herramienta constitucional”, dijo Duque.

El mensaje de Duque se da tras la petición de varios miembros de su partido, de recurrir a esta herramienta para combatir lo que ellos interpretan como acciones criminales.

¿Pero qué es conmoción interior?

El artículo 213 de la Constitución Política de Colombia establece que en “caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella”.

Con el decreto de conmoción el Presidente queda habilitado para dictar decretos con fuerza de ley, los cuales suspenden de inmediato la vigencia de todas las normas que les sean incompatibles.

Los derechos que el estado de conmoción interior puede limitar:

– Restringir, sin que se afecte su núcleo esencial, el derecho de circulación y residencia. Es decir, podrá limitarse o prohibirse genéricamente la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados.

– Utilizar temporalmente bienes e imponer la prestación de servicios técnicos y profesionales.

– Establecer, mediante decretos legislativos, restricciones a la radio y la televisión de divulgar informaciones que puedan generar un peligro grave e inminente para la vida de las personas.

– Someter a permiso previo o restringir la celebración de reuniones y manifestaciones que puedan perturbar el orden público.

– Disponer, con orden judicial verbal o escrita, la interceptación de comunicaciones.

– Disponer, con orden judicial y en algunos casos sin ella, la aprehensión preventiva de personas de quienes se tenga indicio de que cometieron o cometerán un delito.

– Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

– Suspender alcaldes o gobernadores cuando contribuyan a la perturbación del orden público.

– Imponer contribuciones fiscales o parafiscales.

– Modificar el presupuesto. – Disponer, en algunos casos sin autorización judicial previa, de inspecciones o registros domiciliarios para buscar pruebas judiciales o prevenir los delitos.

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